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28 de Mayo de 2012
Departamento Punilla. Cosquín

Siete años de espera: Van a juicio nueve policías de la llamada “banda de los adicionales”

La fiscalía de Villa Carlos Paz comenzó la investigación y se apartó. A su par de Cosquín le insumió seis años instruir la causa que habría develado la supuesta confabulación delictiva.


En la mira
La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de María Alejandra Hillman, elevó a juicio a la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje una  mega causa contra nueve empleados policiales de la Provincia con rango de suboficiales y oficiales, que en 2005 se desempeñaban en distintos cargos en la Unidad Departamental Punilla y que habrían conformado lo que se dio en llamar la “banda de los adicionales”.
La fiscal acusó de coautores de peculado de servicios continuado a  Irene Alejandra Cueva (43), Roberto Enrique Oviedo (41), Ricardo Enrique Acosta (42), José Alfredo Gómez (35), Sergio Eduardo Zamora (32), Lucas Matías Ferreyra (25), Luis Osvaldo Mitelsky (41), José Gerardo Juárez (36) y Marcelo José Amaya (48), este último comisario retirado.
Los policías están imputados en el marco de los artículos 45 y 261 del Código Penal. En caso de encontrárseles culpables podría caberles reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua.

Quién es quién
Fuentes tribunalicias confiaron que se trató de “una investigación muy compleja”, que comenzó bajo directivas del fiscal de Villa Carlos Paz Ricardo Mazzuchi que al poco tiempo se apartó. Sobre esa fiscalía llovieron las cartas anónimas denunciando los supuestos hechos, firmadas con el seudónimo “mujeres policías honestas”.  
La causa recaló en la Fiscalía de Instrucción de Cosquín en 2007, que recabó innumerables testimoniales e investigó el intrincado camino interno policial de un supuesto sistema de adicionales apócrifos basado en la utilización de efectivos afectados a la guardia o servicio de seguridad ciudadana.    La fiscal Hillman apuntó como probables cabecillas a los oficiales superiores Marcelo José Amaya (jefe de la División Ayudantía de la Unidad Departamental Punilla); Luis Orlando Mistelsky (jefe de Patrulla); y los oficiales inspectores José Alfredo Gómez, José Gerardo Juárez, Sergio Eduardo Zamora y Ricardo Enrique Acosta (jefes de Compañía).
También la instrucción imputó al sargento ayudante Roberto Enrique Oviedo y a la sargento Irene Alejandra Cueva, ambos encargados del Departamento de Adicionales, donde se cerraba el supuesto círculo delictual. Además del oficial ayudante Lucas Matías Ferreyra a cuyo nombre presuntamente venían librados los cheques de los adicionales supuestamente inexistentes.  
La instrucción puntualiza que los imputados “habrían utilizado servicios pagados por la Administración Pública, los cuales estaban bajo su mando en razón de sus cargos utilizando el dinero producto de la prestación de servicios adicionales, en provecho propio”.
   
“Cóndor” y “Bronce”
Según la investigación fiscal al menos 21 agentes policiales rasos, que se encontraban de guardia o prestando servicios en seguridad ciudadana, fueron el instrumento para concretar el supuesto ilícito por orden de sus jefes, ignorando esos fines.
Recibían la orden de “Cóndor” (el jefe de turno) y protagonizaban el operativo “Bronce” (servicios cubiertos por orden superior) en la firma comercial Red Megatone de Villa Carlos Paz, pensando que se trataba de una disposición preventiva normal. La realidad sería que esa firma abonaba la seguridad prestada como adicionales, que no ingresaban por la vía normal al Departamento de Adicionales.   
La supuesta mecánica apócrifa interna policial habría incluido hacer firmar hojas en blanco a los agentes, para cubrir las irregularidades. No había Libro de Guardia ni planillas completadas para esos servicios, “bajo la mentira que esos adicionales no se cobrarían y eran para `gastos´ de la Unidad Departamental de Villa Carlos Paz”, según consta en la instrucción de la causa.

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