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Judiciales
08 de Diciembre de 2016
Departamento Ischilín. Deán Funes

Cruz del Eje aguarda la verdad sobre corrupción judicial

La megacausa, que tiene nueve imputados y 39 cuerpos aguarda en la  Cámara Criminal de Deán Funes. Atesora nueve años de espera entre denuncias, instrucción, elevación a juicio y tácticas dilatorias, al momento pendiente de resolución del Tribunal Superior de Justicia.

Larga espera de una causa
Si hay una traumática materia pendiente de resolución judicial para vastos sectores sociales de Cruz del Eje, a nadie le cabe dudas es la denominada “megacausa”, con nueve imputados por supuesta corrupción en sus Tribunales de Justicia locales.
También lo es el excepticismo generalizado que la causa y los supuestamente involucrados lleguen a sentarse frente a los vocales de la Cámara Criminal y Correccional de Deán Funes, sede judicial para ser ventilada señalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) oportunamente.
Y el descreimiento tiene un análisis popular de nueve años de espera, para pensar que en juicio oral y público las cuestiones sean zanjadas definitivamente, por la vía que la la Ley y la Justicia determinan.
Fuentes judiciales de Deán Funes informaron que “la Cámara se abocó a esta causa, pero al momento se encuentra a resolución del TSJ, que debe resolver un incidente planteado por la defensa”.
En definitiva nada nuevo, otro de los tantos episodios que le megacausa ha protagonizado en nueve años, tiempo acumulado entre las denuncias, instrucción, elevación a juicio y tácticas dilatorias en diversos tribunales de la justicia provinciales.

Lejanos, pero no difusos
Así parecieran los acontecimientos que rodearon los comienzos de la megacausa, cuándo en 2007 Fátima Ponce, exesposa de uno de los abogados involucrados Eduardo Bagnarelli, del que acababa de divorciarse, concretó denuncias judiciales y públicas sobre una supuesta y compleja trama de corrupción tribunalicia.
La mujer disparó contra varios altos funcionarios judiciales de la sede de Cruz del Eje como supuestos cómplices, apuntando tanto al Juzgado Civil como a la Cámara del mismo fuero, que finalmente no resultaron involucrados en la traumática causa, luego de un análisis y una resolución del TSJ.
Ponce los acusó que abogados del fuero local y los funcionarios había instaurado “una industria del juicio”, con el objetivo de lograr fallos indemnizatorios millonarios en casos contra el Estado provincial por daños y perjuicios, incluso de estafar a sus propios clientes con ardides al momento del cobro.
La supuesta y rentable “industria del juicio” cosechó nueve imputados y hoy 39 cuerpos, siendo instruida por la fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, interviniendo en distintas etapas los fiscales Sergio Cuello, hoy en Villa Dolores y Martín Bertone, actualmente en Cosquín, que terminó elevándola a juicio en 2009.
Pero el rol protagónico lo tuvo el director investigativo, el fiscal de Cámara Hernán Funes, acompañado por su par de Cruz del Eje, Haydeé Gersicich y el equipo de trabajo integrado por los entonces secretaria Ana Díaz y el pro secretario Néstor Lingua
Fue Funes el que ordenó la detención por ocho meses de los abogados involucrados Carlos Bagnarelli, Eduardo Bagnarelli, Horacio Capdevila y Carlos Munuce, en la Unidad Carcelaria 2 de Cruz del Eje.
El funcionario recibió además el apoyo personal y por escrito de los todas las entidades ruralistas del noroeste provincial , que organizaron en su momento una manifestación multitudinaria a las puertas de los tribunales cruzdelejeños.
Las imputaciones
Carlos Edgar Bagnarelli (abogado). “Defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); uso de documento privado equiparado a público falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal, todo en concurso real”.
Eduardo Arístides Bagnarelli (abogado). “Defraudación por administración fraudulenta reiterada (tres hechos); uso de documento privado equiparado a público falsoy tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; robo de energía y falsedad por destrucción de instrumento público destinado a servir de prueba, en concurso real; amenazas; agresión con toda arma, calificada, y amenazas, todo en concurso real”.  Carlos Daniel Munuce (abogado). “ Uso de documento privado equiparado a público y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal; estafa; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal, todo en concurso real”.
Horacio Edgar Capdevila (abogado). “Coacción; uso de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso ideal, todo en concurso real)”.
María Cristina González (empleada judicial). Tentativa de estafa procesal”.
Arturo Ordoñez (empleado judicial). “Supresión de instrumento público”.
Raúl Adrián Porto (médico cirujano). “Emisión de certificado médico falso y tentativa de estafa procesal, en concurso real”.
Julio Ernesto Sarmiento (comerciante). “Tentativa de estafa procesal”.
José Ángel Rosales (comerciante). “Falsificación de instrumento público y tentativa de estafa procesal, en concurso real”.


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